Escribe Kathia Carrillo
Tras una ardua lucha emprendida por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampís (GTANW) y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) frente a la amenaza extractiva en sus territorios, Petroperú informó, el 16 de julio, que su socia Geopark había decidido retirarse irrevocablemente del contrato de licitación del lote 64. Poco más de un mes antes, la petrolera había sido denunciada penalmente por el GTANW por poner en riesgo de COVID-19 a la población Wampís del río Morona.
El lote 64, ubicado al norte de Loreto, cerca de la frontera con Ecuador, es considerado
por el Estado, Petroperú y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos como uno de los
lotes más promisorios de la Amazonía, cuya producción llegaría a 2000 y 4000 barriles
diarios. Su funcionamiento sería el salvavidas para la ya decadente Petroperú, puesto
que activaría más el vetusto y corroído Oleoducto Norperuano, y alimentaría a su gran
elefante blanco, la refinería de Talara. Sin embargo, el lote lleva 25 años sin funcionar y
ya son seis las empresas que han retirado su inversión de él. Esto se debe, entre otras
cosas, a la oposición tajante de los pueblos que habitan en dicho territorio.
La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), representante de 45
comunidades del Pueblo Achuar del río Pastaza y sus subcuencas Huasaga, Manchari y Huitoyacu, y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, representante 85
comunidades de los ríos Kanús (Santiago) y Kánkaim (Morona), establecieron una
alianza en 2018 para luchar juntas contra la amenaza petrolera en sus territorios. Es así que las Naciones Indígenas y sus asesoras legales presentaron, en enero de 2019,
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había presentado Geopark a
SENACE. En febrero, SENACE emitió un informe con más de 170 observaciones al
estudio. Entre ellas se encontraba el uso irregular de infraestructura del Ejército del
Perú para las operaciones de la empresa (según el proyecto, el campamento Morona
está ubicado en la base del Ejército Sargento Puño), información incompleta sobre
sitios arqueológicos que se dañarían, y plagios a páginas de Wikipedia. A su vez, la
Nación Wampís solicitó a SENACE ser incluida como tercer administrado en el proceso
de evaluación del EIA, y en junio SENACE aprobó dicha solicitud. Inmediatamente
después, Geopark retiró su estudio del proceso de evaluación y suspendió así el
procedimiento para obtener un permiso ambiental para operar.
Luego de ello, ese mismo mes, las autoridades Achuar y Wampís viajaron a Chile, sede
central de Geopark, para reunirse con el CEO de la empresa y expresarle su rechazo al
proyecto. En dicha reunión, advirtieron que la empresa debía retirarse de sus
territorios y cesar sus intenciones de explotar petróleo ya que las naciones indígenas
no se lo permitirían. Posteriormente, las naciones Achuar y Wampís lograron que la
agencia USAID retirara su apoyo monetario al proyecto de desarrollo de la línea de
base para el proyecto del lote 64 de Geopark.
A pesar de los golpes recibidos, la empresa continuó con presencia en territorio
indígena de la mano de su socia Petroperú. Esto se ha denunciado y documentado
como un comportamiento usual del sector petrolero, cuyos relacionistas comunitarios
suelen ingresar a comunidades con promesas de proyectos de infraestructura y
proyectos productivos para el “desarrollo”, a cambio de la licencia social para explotar
y contaminar sus territorios.
Durante abril y mayo de 2020, personas de las comunidades Wampís del Morona
reportaron haber visto embarcaciones con trabajadores de la empresa durante la
Emergencia Nacional. Por ello, el 26 de mayo, el Pámuk (Presidente) del GTANW,
Wrays Pérez, con la asesoría legal de la abogada quechua Katherine Paucar (de
Earthrights International), presentó una denuncia penal contra Geopark en la Fiscalía
de Datem del Marañón, por poner en peligro de contagio de COVID-19 a la población.
Poco más de un mes después de que la denuncia fuera aceptada por fiscalía y se
determinaran diligencias para investigar el caso, Geopark retiró a sus trabajadores de
la base militar Sargento Puño y, finalmente, comunicó a Petroperú su retiro
irrevocable del contrato de licitación.
A pesar de que esto constituye un triunfo para las naciones indígenas Wampís y
Achuar del Pastaza, la lucha aún continúa. El sector petrolero y el Estado peruano
siguen insistiendo en la imposición del lote 64 y tienen intención de realizar
operaciones a como dé lugar, ya sea con Petroperú asumiendo el lote a 100% o
buscando una socia para su manejo. Por ello, el Pámuk de la Nación Wampís, Wrays
Perez, y el presidente de FENAP, Nelton Yankur, declararon recientemente en una
conferencia que lucharán por la anulación del lote ya que su existencia atenta contra el
derecho al consentimiento previo de los pueblos. En efecto, FENAP demandó al Estado
Peruano en 2015 por el reconocimiento de su territorio integral y la anulación de todos
los lotes petroleros dentro de él; y en 2017, un juez dio un fallo favorable a parte de su
demanda. Sin embargo, este fue apelado por el Ministerio de Cultura.
Está claro que, mientras que el Gobierno peruano prioriza las industrias extractivas por
sobre la salud y vida de las personas; para las naciones indígenas Achuar y Wampís,
que por milenios se han caracterizado por ser guerreras y defenderse de invasiones y
amenazas externas, el compromiso sigue siendo el salvaguardar sus territorios de vida
para las generaciones venideras.
